¿Qué se puede reclamar después de comprar o vender una empresa?
Lo que el contrato de compraventa permita, en el plazo y con los límites que el propio contrato fije. En una operación de empresa, el contrato de compraventa de acciones o participaciones (SPA, por share purchase agreement) sustituye casi por completo al régimen legal. Por eso la primera actuación ante una discrepancia posterior al cierre no es estudiar el Código Civil, sino reconstruir el contrato con sus anexos y comprobar qué plazos de notificación están corriendo.
Las reclamaciones post-closing se agrupan en cuatro familias:
| Tipo de reclamación | Quién suele reclamar | Qué se discute | Cómo se resuelve normalmente |
|---|---|---|---|
| Manifestaciones y garantías | Comprador | Que lo declarado por el vendedor sobre la empresa era inexacto: cuentas, impuestos, litigios, contratos, plantilla, licencias | Indemnización según el régimen pactado; tribunal o arbitraje |
| Ajuste de precio | Ambos | Deuda neta y capital circulante en la fecha de cierre frente a los estimados | Experto contable independiente |
| Contingencias específicas (specific indemnities) | Comprador | Riesgos identificados en la revisión previa y asumidos por el vendedor: una inspección fiscal, un pleito concreto | Indemnización euro por euro, a menudo sin límites generales |
| Pagos aplazados y earn-out | Vendedor | Si se alcanzaron los objetivos que devengan el precio variable y si el comprador gestionó de buena fe | Experto para las cifras; tribunal o arbitraje para la conducta |
¿Por qué no basta con el Código Civil?
Porque el régimen legal de la compraventa está pensado para cosas, no para empresas. El saneamiento por vicios ocultos del Código Civil se extingue a los seis meses desde la entrega (art. 1490 CC), y en la compraventa mercantil la reclamación por vicios internos debe hacerse en los treinta días siguientes (art. 342 del Código de Comercio). Además, cuando se compran participaciones, el objeto vendido son las participaciones, no los activos de la sociedad: un pasivo fiscal oculto no es un «vicio» de la participación en sentido estricto.
Las partes cubren ese vacío con la libertad de pactos (art. 1255 CC). Las manifestaciones y garantías son declaraciones del vendedor sobre el estado de la empresa, cuya inexactitud genera la obligación de indemnizar con base en el propio contrato, que tiene fuerza de ley entre las partes (art. 1091 CC), y en el régimen general de incumplimiento (art. 1101 CC). Si el contrato no regula algo, los tribunales acuden a las reglas generales: indemnización de daños previsibles para el deudor de buena fe y de todos los daños para el doloso (art. 1107 CC), resolución por incumplimiento esencial (art. 1124 CC) o anulación por dolo en el consentimiento (arts. 1269 y 1270 CC), con un plazo de cuatro años desde la consumación (art. 1301 CC).
¿Qué límites suele tener la responsabilidad del vendedor?
Antes de cuantificar una reclamación hay que pasarla por los filtros del contrato. Los habituales son:
- Umbral mínimo por reclamación (de minimis): los daños individuales por debajo de cierta cifra no cuentan.
- Franquicia agregada (basket): solo se puede reclamar cuando la suma de daños computables supera un importe. Hay que comprobar si, superado, se indemniza todo o solo el exceso.
- Tope máximo (cap): un porcentaje del precio. Suele ser más alto, o no existir, para las garantías fundamentales: titularidad de las participaciones, capacidad y ausencia de cargas.
- Límite temporal: plazo para notificar la reclamación, distinto según el tipo de garantía.
- Información revelada: lo divulgado al comprador en la carta de divulgación o en el data room no genera responsabilidad, según cómo se haya redactado.
- Remedio exclusivo: el contrato suele excluir cualquier otra acción legal (saneamiento, error, resolución) y dejar la indemnización pactada como única vía.
- Deber de mitigar y recuperaciones de terceros: se descuenta lo cobrado del seguro o lo ahorrado fiscalmente.
Ninguno de estos límites opera frente al dolo del vendedor (art. 1102 CC).
¿Cómo se discute un ajuste de precio?
Depende del mecanismo elegido. Con cuentas de cierre (completion accounts), el precio pagado en el cierre es provisional: después se elabora un balance a esa fecha y se ajusta por la diferencia de deuda neta y capital circulante respecto de lo estimado. Con caja cerrada (locked box), el precio es fijo y se calcula sobre un balance anterior; el comprador solo puede reclamar las salidas de valor no permitidas (leakage) hacia el vendedor entre esa fecha y el cierre: dividendos, comisiones, pagos a vinculadas.
Las disputas sobre cuentas de cierre giran casi siempre en torno a tres cosas: qué políticas contables se aplican y en qué orden de prelación, cómo se clasifican partidas dudosas (¿es deuda o es circulante?) y qué hechos posteriores al cierre pueden tenerse en cuenta. El calendario es estricto: plazo para entregar el borrador, plazo para objetar por escrito y con detalle, periodo de negociación y remisión al experto. Una objeción genérica o fuera de plazo suele equivaler a aceptar las cifras de la otra parte.
¿Qué hago si recibo o quiero enviar una reclamación?
Si eres comprador y detectas una contingencia:
- Localiza la cláusula de notificación: plazo desde que conoces el hecho, contenido mínimo y destinatario.
- Notifica por el medio pactado, describiendo los hechos, la garantía incumplida y una estimación del daño. No esperes a tener la cifra definitiva.
- Si la contingencia nace de una reclamación de un tercero (Hacienda, un trabajador, un cliente), comprueba si el vendedor tiene derecho a dirigir la defensa. Transigir sin su consentimiento puede liberar al vendedor.
- Conserva la prueba: no alteres sistemas, correos ni contabilidad del periodo anterior al cierre.
- Revisa si hay importe retenido, cuenta en depósito (escrow) o aval, y su fecha de liberación. Notificar antes de esa fecha suele bloquear los fondos.
Si eres vendedor y recibes la reclamación:
- Verifica plazo, forma y contenido. Los defectos formales son la primera defensa.
- Pide acceso a la documentación de la sociedad: el contrato suele reconocerlo.
- Contrasta lo reclamado con lo revelado durante la revisión previa.
- Aplica los límites cuantitativos y descuenta recuperaciones.
- Comprueba si el comprador ha compensado unilateralmente contra un pago aplazado y si el contrato se lo permitía.
¿Hay que negociar antes de ir a juicio o a arbitraje?
Casi siempre, por dos razones. La primera es contractual: las cláusulas escalonadas obligan a un periodo de negociación entre directivos antes de demandar. La segunda es legal: si el contrato remite a los tribunales españoles, la Ley Orgánica 1/2025 exige acreditar un intento previo de solución extrajudicial para admitir la demanda (art. 5). La opinión de un experto independiente es uno de los medios admitidos por esa ley, lo que encaja bien con las disputas contables. Si el contrato prevé arbitraje, mandan el convenio arbitral y el reglamento de la institución elegida.
Documentos para reconstruir la operación
- Contrato de compraventa firmado, con todos sus anexos y novaciones
- Carta de divulgación e índice del data room, con copia de su contenido
- Informes de revisión legal, fiscal, laboral y financiera
- Cuentas de referencia, cuentas de cierre y papeles de trabajo
- Contrato de depósito o garantías del precio aplazado
- Póliza de seguro de manifestaciones y garantías, si se contrató
- Comunicaciones entre las partes desde la firma
- Documentación del hecho que origina la reclamación y su cuantificación
Los riesgos que conviene cerrar antes de firmar están en el Legal Report sobre riesgos jurídicos en la compraventa de empresas. Si la operación incluye precio variable, lee también la guía sobre earn-out. El servicio de compraventa de empresas y el área de fusiones y adquisiciones asumen tanto la negociación del contrato como la reclamación posterior.
Normativa
- Código Civil: arts. 1091, 1101, 1102, 1107, 1124, 1255, 1269, 1270, 1301, 1484 a 1490 y 1964.
- Código de Comercio: arts. 336, 342 y 345.
- Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia: arts. 5 y 18.
- Ley 60/2003, de Arbitraje.