Vender fuera con el contrato y la aduana en orden

Si vendedor y comprador tienen su establecimiento en Estados parte de la Convención de Viena de 1980, como España y la mayoría de sus socios comerciales, se aplica esa convención salvo exclusión expresa. En lo que no regula, y en los demás casos, un tribunal de la Unión Europea aplicará la ley del país de residencia habitual del vendedor, conforme al Reglamento Roma I.

Como regla general, la deuda aduanera puede notificarse hasta tres años después de su nacimiento, que normalmente coincide con la admisión de la declaración. El plazo se amplía, dentro de un máximo de diez años, cuando la deuda nace de un acto que podía dar lugar a un proceso penal. Durante ese tiempo conviene conservar toda la documentación de la operación. El mismo plazo de tres años rige para pedir la devolución de derechos pagados en exceso.

El agente está protegido por una ley imperativa: preaviso de un mes por año de vigencia, con un máximo de seis, e indemnización por clientela si aportó clientes o incrementó operaciones y el fabricante sigue beneficiándose. El distribuidor no tiene un régimen legal propio en España. Su compensación depende de lo pactado y de que pruebe circunstancias equiparables, que los tribunales no presumen.

Cuatro cosas: si el producto figura en los anexos de bienes prohibidos o es de doble uso, si el comprador, sus socios o administradores están en listas de congelación de fondos, quién es el usuario final real y por dónde transita la mercancía. Documenta cada comprobación con su fecha. Si hay indicios de desvío a un destino prohibido, la operación debe detenerse aunque el cliente directo no esté sancionado.