Financiero y fiscal
Antes de operar, la licencia; después, el supervisor
El área de regulatorio financiero y fintech asesora a entidades financieras, gestoras, plataformas tecnológicas y sus directivos sobre qué actividades exigen autorización, cómo obtenerla y cómo mantenerla. Tramitamos expedientes ante el Banco de España y la CNMV, diseñamos el cumplimiento normativo y la prevención del blanqueo, y defendemos a la entidad y a sus cargos en inspecciones y procedimientos sancionadores.
Regulatorio financiero y fintech
Captar fondos del público, mover dinero de terceros, gestionar inversiones ajenas, custodiar criptoactivos o conceder crédito son actividades reservadas o sujetas a registro. Hacerlas sin título es infracción muy grave y, en algunos casos, delito. El primer trabajo con cualquier proyecto es calificar su modelo de negocio: qué servicio se presta exactamente, quién tiene los fondos del cliente en cada momento y si existe una exención aplicable.
Después de la licencia llega la supervisión continuada: fondos propios, gobierno interno, idoneidad de consejeros, externalización, resiliencia tecnológica y prevención del blanqueo. Las sanciones alcanzan a la entidad y a las personas que la dirigen. Trabajamos con compliance e investigaciones en los sistemas internos y con protección de datos y ciberseguridad cuando el servicio descansa en el tratamiento de datos financieros.
En qué trabajamos
Autorización de entidades financieras
La licencia bancaria la concede el Banco Central Europeo a propuesta del Banco de España y exige un capital inicial de 18 millones de euros. Las empresas de servicios de inversión las autoriza la CNMV. El expediente incluye siempre programa de actividades, plan de negocio, estructura de gobierno, controles y evaluación de la idoneidad de accionistas significativos, consejeros y directivos clave.
Ley 10/2014; art. 4 RD 84/2015
Entidades de pago
Transferencias, adquisición de pagos con tarjeta, envío de dinero o iniciación de pagos requieren autorización del Banco de España como entidad de pago; la emisión de dinero electrónico, como entidad de dinero electrónico. Quien solo agrega información de cuentas se registra, sin capital mínimo pero con seguro. La entidad debe salvaguardar los fondos de los clientes separándolos de los propios.
RDL 19/2018; RD 736/2019
Fondos de inversión
Constituimos y registramos en la CNMV instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo, y autorizamos a sus gestoras. Una sociedad de capital riesgo necesita un capital mínimo de 1.200.000 euros. Sus participaciones solo pueden ofrecerse a minoristas que comprometan 100.000 euros o que inviertan 10.000 con asesoramiento, sin superar el 10 % de un patrimonio financiero de hasta 500.000 euros.
Ley 35/2003; arts. 26 y 75 Ley 22/2014
Cumplimiento financiero
Organizamos las funciones de cumplimiento, riesgos y auditoría interna, las normas de conducta con clientes, la gobernanza de productos y los contratos de externalización. El Reglamento DORA, aplicable desde el 17 de enero de 2025, obliga a gestionar el riesgo tecnológico, notificar incidentes graves y controlar a los proveedores. Las entidades sujetas a normativa financiera deben tener canal interno de información cualquiera que sea su plantilla.
Reglamento (UE) 2022/2554; art. 10.1.b) Ley 2/2023
Servicios de criptoactivos
Custodiar, intercambiar, operar una plataforma o asesorar sobre criptoactivos exige autorización como proveedor conforme al Reglamento MiCA, que en España concede la CNMV, con capital mínimo de 50.000 a 150.000 euros según el servicio. Quien emite criptoactivos debe publicar un libro blanco, y las fichas referenciadas a una moneda oficial solo pueden emitirlas entidades de crédito o de dinero electrónico.
Reglamento (UE) 2023/1114
Supervisión regulatoria
Una inspección empieza con una petición de documentación y termina con un informe o con un pliego de cargos. Preparamos la respuesta y fijamos desde el inicio qué se entrega y cómo se explica. En el procedimiento sancionador formulamos alegaciones y prueba y, si procede, recurrimos en vía contencioso-administrativa. Las sanciones pueden incluir multa, amonestación pública e inhabilitación de administradores y directivos.
Ley 10/2014; Ley 6/2023
Fintech
Para lanzar un producto financiero digital hay tres caminos: licencia propia, operar como agente de una entidad autorizada o acogerse a una exención. Las plataformas de financiación participativa necesitan autorización de la CNMV y cada promotor puede captar hasta cinco millones de euros en doce meses. Los proyectos innovadores que no encajan en la norma pueden solicitar su prueba en el espacio controlado creado por ley.
Reglamento (UE) 2020/1503; Ley 7/2020
Prevención de blanqueo
Los sujetos obligados deben identificar al cliente y al titular real, que es quien posee o controla más del 25 %, conocer el origen de los fondos, examinar operaciones inusuales y comunicar al SEPBLAC las sospechosas sin avisar al cliente. La documentación se conserva diez años y los procedimientos se someten a examen anual de un experto externo.
Arts. 2-4, 18, 25 y 28 Ley 10/2010
Cómo se tramita una licencia
Calificación del modelo
Se describe el flujo de fondos y de órdenes para determinar qué servicio regulado se presta y si hay exención.
Expediente
Programa de actividades, plan de negocio a tres años, gobierno, controles, prevención del blanqueo y externalización.
Idoneidad
Honorabilidad, conocimientos y experiencia de socios significativos, administradores y directivos.
Requerimientos del supervisor
El plazo legal de resolución empieza con el expediente completo; cada subsanación lo alarga.
Qué autorización necesita cada actividad
| Actividad | Figura | Supervisor | Capital inicial mínimo |
|---|---|---|---|
| Servicios de pago | Entidad de pago | Banco de España | 125.000 € (20.000 € si solo envío de dinero; 50.000 € si solo iniciación de pagos) |
| Emisión de dinero electrónico | Entidad de dinero electrónico | Banco de España | 350.000 € |
| Servicios de criptoactivos | Proveedor autorizado MiCA | CNMV | 50.000 €, 125.000 € o 150.000 € según el servicio |
| Financiación participativa | Proveedor europeo de crowdfunding | CNMV | 25.000 € o una cuarta parte de los gastos fijos, lo que sea mayor |
Cifras del art. 19 del RDL 19/2018, la Ley 21/2011, el anexo IV del Reglamento (UE) 2023/1114 y el art. 11 del Reglamento (UE) 2020/1503. Se añaden requisitos de fondos propios.
Si la actividad está reservada, no existe una fase de pruebas con clientes reales: se opera con licencia propia, como agente de quien la tiene o no se opera.
Preguntas frecuentes sobre licencias y supervisión
¿Necesito licencia si mi aplicación solo mueve dinero entre usuarios?
Probablemente sí. Si los fondos de los usuarios pasan por cuentas a tu nombre, prestas un servicio de pago y necesitas autorización como entidad de pago, o actuar como agente registrado de una entidad autorizada. Las exclusiones legales, como el agente comercial que actúa solo por una de las partes o las redes limitadas, se interpretan de forma estricta.
¿Basta con el registro del Banco de España para prestar servicios de criptoactivos?
No. Ese registro respondía a la normativa de prevención del blanqueo y era previo a MiCA. El Reglamento (UE) 2023/1114 exige autorización como proveedor de servicios de criptoactivos, que en España tramita la CNMV, y el régimen transitorio para quienes ya operaban ha concluido. La autorización vale para toda la Unión Europea.
¿A quién obliga DORA?
Al conjunto del sector financiero: bancos, entidades de pago y de dinero electrónico, empresas de servicios de inversión, gestoras, aseguradoras y proveedores de criptoactivos, entre otros. Exige un marco de gestión del riesgo tecnológico aprobado por el órgano de administración, notificación de incidentes graves, pruebas periódicas y contratos con proveedores tecnológicos que incluyan cláusulas mínimas.
¿Qué sanción puede imponerse por incumplir la prevención del blanqueo?
Por infracción muy grave, multa mínima de 150.000 euros y máxima de la mayor de estas cifras: 10 % del volumen de negocios anual, el doble del contenido económico de la operación, el quíntuplo del beneficio obtenido o diez millones de euros (art. 56 de la Ley 10/2010). Se acompaña de amonestación pública o de suspensión o revocación de la autorización.
Jurisprudencia de referencia
Resoluciones que marcan cómo se deciden hoy estos asuntos.
STJUE C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring) · TJUE (Sala Primera) ·
El scoring crediticio puede ser una decisión automatizada prohibida
Generar automáticamente un valor de probabilidad sobre la solvencia de una persona es una decisión individual automatizada cuando de él depende de forma determinante que un tercero celebre, ejecute o termine un contrato con ella.
Texto oficial en EUR-LexSTJUE C-410/20, Banco Santander · TJUE (Sala Tercera) ·
Banco Popular: la resolución impide reclamar por el folleto
La Directiva 2014/59 se opone a que, tras la amortización total de las acciones en un procedimiento de resolución, quienes las suscribieron antes ejerciten contra la entidad o su sucesora acciones de responsabilidad por folleto o de nulidad.
Texto oficial en EUR-Lex
Resoluciones reales consultadas en fuentes oficiales. El resumen es propio y no sustituye la lectura del texto íntegro ni el análisis de cada caso.
Áreas relacionadas
- Financiero y fiscalBancario y financieroPréstamos, avales, refinanciaciones, derivados y ejecuciones hipotecarias: qué has firmado, qué puede exigirte el banco y qué puedes reclamarle tú.
- Financiero y fiscalMercado de capitalesSalidas a bolsa, opas, ampliaciones, emisiones de deuda y abuso de mercado: obligaciones del emisor ante la CNMV y acciones del inversor perjudicado.
- Litigación y defensaCompliance e investigacionesModelos de prevención de delitos, canal interno de información, mapas de riesgo, prevención del blanqueo e investigaciones internas que resisten un juicio.
- Tecnología e innovaciónProtección de datos y ciberseguridadAuditoría RGPD, brechas de seguridad en 72 horas, delegado de protección de datos y defensa ante la AEPD. Qué exige la norma y qué plazos corren.
Cuéntanos tu asunto
Un abogado valorará los antecedentes y si podemos asumir el encargo, previa comprobación de conflictos de intereses. Enviar una solicitud no supone aceptación del encargo ni suspende plazos legales.