Litigación y defensa
Cobrar lo que te deben, antes de que el deudor se vacíe
La recuperación de créditos es el conjunto de actuaciones para cobrar una deuda vencida: requerimiento fehaciente, intento de acuerdo, procedimiento monitorio o declarativo y, con el título en la mano, ejecución sobre el patrimonio del deudor. La necesitas cuando una factura supera su vencimiento sin pago ni explicación creíble. Las acciones personales prescriben, por regla general, a los cinco años.
Recuperación de créditos y ejecuciones
Un impagado no es solo un problema de tesorería. Mientras esperas, el deudor puede vender activos, acumular otros acreedores o entrar en concurso, y tu crédito pierde posición. Por eso lo primero que miramos no es la factura, sino al deudor: qué bienes tiene a su nombre, qué cargas pesan sobre ellos, si deposita cuentas y si ya hay ejecuciones abiertas contra él. Esa fotografía decide si conviene negociar, demandar o pedir un embargo preventivo.
Desde abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige haber intentado una solución negociada antes de presentar la mayoría de demandas civiles y mercantiles, monitorio incluido. No es un trámite menor: el requerimiento debe estar bien hecho y poder acreditarse, o la demanda se inadmite. Lo aprovechamos para interrumpir la prescripción, fijar la cifra exacta con intereses de la Ley 3/2004 y dejar preparada la prueba documental.
Si la sociedad deudora no tiene con qué pagar, estudiamos si responden sus administradores o si hubo salidas de activos impugnables. Cuando la insolvencia es general, coordinamos la reclamación con el equipo de concursal y reestructuraciones para comunicar el crédito a tiempo y con la clasificación correcta. Para carteras de deuda recurrentes existe un servicio específico de recuperación de impagados para empresas.
En qué trabajamos
Reclamación de impagados
Empieza con un análisis de solvencia del deudor y un requerimiento fehaciente (burofax con certificación de texto o equivalente) que interrumpe la prescripción y sirve para acreditar el intento de acuerdo que hoy exige la ley antes de demandar. Si hay voluntad de pago, documentamos un calendario con garantías. Si no la hay, elegimos la vía judicial según la cuantía, la prueba disponible y el riesgo de que el deudor se descapitalice.
Art. 1973 CC; art. 5 LO 1/2025
Reclamación de facturas
En operaciones entre empresas, el plazo de pago es de 30 días naturales desde la recepción de la mercancía o el servicio si nada se pactó, y el pacto no puede superar los 60. Desde el día siguiente al vencimiento se devenga, sin necesidad de reclamarlo, un interés igual al tipo del BCE más ocho puntos, y puedes exigir además 40 euros por costes de cobro. Revisamos albaranes, pedidos y correos para blindar la prueba de la entrega.
Arts. 4, 7 y 8 Ley 3/2004
Procedimiento monitorio
Sirve para deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles de cualquier importe, acreditadas con facturas, albaranes o documentos habituales en el tráfico. El deudor recibe un requerimiento para pagar u oponerse en 20 días. Si calla, obtienes un título para ejecutar sin juicio. Si se opone, el asunto pasa a juicio verbal hasta 15.000 euros o exige presentar demanda de juicio ordinario en un mes cuando la cuantía es mayor.
Arts. 812-818 LEC
Reconocimiento de deuda
Cuando el deudor admite lo que debe pero pide tiempo, conviene documentarlo bien. Un reconocimiento de deuda en escritura pública es título ejecutivo: si incumple el calendario, se ejecuta directamente, sin pleito previo. Redactamos el documento con vencimiento anticipado por impago de un plazo, intereses, garantías personales o reales y, si procede, fianza de socios o administradores. Además interrumpe la prescripción y fija la cifra sin discusión posterior.
Art. 517.2.4.º LEC
Ejecuciones judiciales
Una sentencia firme no se cobra sola. Tras 20 días de espera desde la notificación de la resolución de condena, puede presentarse demanda ejecutiva, que no requiere negociación previa. La acción para ejecutar una sentencia o un acuerdo de mediación caduca a los cinco años de su firmeza. Pedimos el despacho de ejecución, la averiguación patrimonial judicial y las medidas concretas de embargo desde el primer escrito, para no perder meses en trámites sucesivos.
Arts. 518 y 548 LEC
Embargos
El embargo sigue un orden legal: primero dinero y cuentas corrientes, después créditos y valores realizables, joyas, rentas, muebles, inmuebles y, al final, sueldos y pensiones, que solo son embargables por encima del salario mínimo y por tramos. Solicitamos la consulta al Punto Neutro Judicial, la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad y la retención de créditos frente a clientes del deudor. Antes de demandar, valoramos el embargo preventivo como medida cautelar.
Arts. 590, 592 y 607 LEC
Subastas judiciales
Los bienes embargados se realizan en subasta electrónica única a través del Portal de Subastas del BOE, abierta durante 20 días naturales. Para pujar hay que consignar el 5 % del valor de tasación. Asesoramos al acreedor ejecutante sobre cuándo pedir la adjudicación del bien si la subasta queda desierta y sobre la alternativa del convenio de realización o la venta por entidad especializada, que a veces obtiene mejor precio que la puja.
Arts. 640-641 y 643-675 LEC
Recobro internacional
Si el deudor está en otro Estado de la Unión Europea, una sentencia española se ejecuta allí sin exequátur. Para créditos no impugnados existe además el proceso monitorio europeo, con 30 días para oponerse, y la orden europea de retención de cuentas, que bloquea saldos bancarios en otro Estado miembro sin aviso previo al deudor. Fuera de la Unión, la vía depende del convenio aplicable y del reconocimiento local de la resolución.
Reglamentos (UE) 1215/2012 y 655/2014; Reglamento (CE) 1896/2006
- 5 años
- Prescripción general de las acciones personales sin plazo especial, desde que pudo exigirse el pago (art. 1964.2 CC)
- 20 días
- Plazo del deudor para pagar u oponerse al requerimiento del monitorio (art. 815 LEC)
- BCE + 8 puntos
- Interés de demora legal en operaciones comerciales entre empresas (art. 7 Ley 3/2004)
- 5 años
- Caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia firme (art. 518 LEC)
Qué vía judicial encaja con tu crédito
La elección depende de la cuantía, del documento que tengas y de lo previsible que sea la oposición del deudor.
| Vía | Cuándo conviene | Qué necesitas | Qué ocurre si el deudor se opone |
|---|---|---|---|
| Monitorio | Deuda dineraria documentada, sin discusión seria de fondo | Facturas, albaranes, contrato o certificación de deuda | Juicio verbal hasta 15.000 €; por encima, demanda de ordinario en un mes |
| Juicio verbal | Reclamaciones de hasta 15.000 € con oposición previsible | Demanda completa con toda la prueba documental | Contestación escrita y, si procede, vista |
| Juicio ordinario | Más de 15.000 € o controversia sobre el contrato | Demanda, documentos y, a menudo, pericial | Audiencia previa y juicio |
| Juicio cambiario | Pagaré, cheque o letra de cambio impagados | El título original con sus requisitos formales | Embargo preventivo inmediato; oposición en 10 días con causas tasadas |
| Ejecución de título no judicial | Escritura pública o póliza intervenida con deuda líquida | Primera copia o testimonio con fuerza ejecutiva | Oposición limitada a motivos tasados; el embargo no se suspende por regla general |
Salvo el juicio cambiario y la demanda ejecutiva, estas vías exigen acreditar un intento previo de solución negociada (art. 5 LO 1/2025).
Preguntas frecuentes sobre reclamación de deudas
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar una factura impagada?
Por regla general, cinco años desde que pudo exigirse el pago, que es el plazo de las acciones personales sin término especial. Algunos créditos tienen plazos más cortos: tres años para honorarios de determinados profesionales o un año en transporte terrestre de mercancías. Un requerimiento extrajudicial fehaciente interrumpe la prescripción civil y el plazo vuelve a contarse entero. No esperes al último año: la prueba se debilita y el deudor también.
¿Es obligatorio negociar antes de presentar un monitorio?
Sí. Desde el 3 de abril de 2025, la demanda civil o mercantil debe acreditar que se intentó antes un medio adecuado de solución de controversias, y el monitorio no figura entre las excepciones. Basta una negociación directa documentada, una oferta vinculante confidencial, una mediación o una conciliación. La demanda ejecutiva y el juicio cambiario quedan fuera de este requisito.
¿Qué pasa si la empresa deudora no tiene bienes?
Hay tres comprobaciones. Si existe causa legal de disolución y los administradores no convocaron junta en dos meses, pueden responder personalmente de las deudas posteriores a esa causa (art. 367 LSC). Si hubo salida de activos en perjuicio de acreedores, cabe impugnarla. Y si la insolvencia es general, puede interesar instar el concurso necesario. Cada vía tiene requisitos de prueba propios que valoramos antes de aconsejarla.
¿Puedo reclamar los gastos de cobro y los intereses aunque no estén en el contrato?
En operaciones comerciales entre empresas, sí. La Ley 3/2004 reconoce de forma automática el interés de demora legal desde el vencimiento y una cantidad fija de 40 euros por factura, además de los costes de cobro debidamente acreditados que superen esa cifra. No se aplica a operaciones con consumidores. Las cláusulas que excluyen estos derechos pueden ser nulas por abusivas frente al acreedor.
Jurisprudencia de referencia
Resoluciones que marcan cómo se deciden hoy estos asuntos.
STS 673/2021, de 5 de octubre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·
Levantamiento del velo frente a los socios de una promotora
El levantamiento del velo es excepcional y exige abuso de la personalidad jurídica en fraude de terceros. Cuando concurre, la buena fe permite superar la eficacia relativa del contrato y dirigir la reclamación contra los socios responsables.
Texto oficial en CENDOJSTS 601/2019, de 8 de noviembre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·
El administrador entrante no responde de deudas anteriores a su nombramiento
La responsabilidad del art. 367 LSC alcanza a las deudas posteriores a la causa de disolución, pero el administrador que accede al cargo después solo responde de las obligaciones nacidas tras su nombramiento, no de las anteriores.
Texto oficial en CENDOJSTS 472/2016, de 13 de julio · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·
Acción individual contra el administrador por cierre de hecho de la sociedad
El impago de una deuda social no basta para condenar al administrador. Pero si el acreedor argumenta que el cierre de hecho impidió el cobro, corresponde al administrador explicar el destino del patrimonio social, por facilidad probatoria.
Texto oficial en CENDOJ
Resoluciones reales consultadas en fuentes oficiales. El resumen es propio y no sustituye la lectura del texto íntegro ni el análisis de cada caso.
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