Derecho público y regulatorio
El riesgo ambiental también figura en el balance
El derecho ambiental fija qué autorizaciones necesita una actividad, cómo debe gestionar emisiones, vertidos y residuos, y quién responde si causa un daño. El ámbito ESG añade obligaciones de información sobre sostenibilidad y de control de la cadena de suministro. Lo necesitas al implantar o ampliar una instalación, al comprar suelo industrial o una empresa, y ante cualquier inspección o expediente sancionador.
Medioambiente y ESG
Un pasivo ambiental puede valer más que el activo que lo contiene. Un suelo con hidrocarburos, una autorización que no cubre la producción real o un vertido sin título pueden frustrar una compraventa, encarecer una financiación o acabar en un proceso penal contra los administradores. La responsabilidad, además, no desaparece con el tiempo al ritmo habitual: la ley de responsabilidad medioambiental alcanza daños causados hasta treinta años atrás y no exige culpa en las actividades de mayor riesgo.
La regulación se reparte entre la Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y el órgano competente cambia según la instalación y el territorio. Empezamos por un inventario: qué títulos tiene la planta, qué condiciones imponen, cuándo vencen o deben revisarse y qué controles periódicos hay que presentar. Sobre ese mapa se detectan los incumplimientos antes de que lo haga una inspección. Los proyectos que requieren suelo o licencia de obras se coordinan con urbanismo.
La sostenibilidad ha dejado de ser un asunto de comunicación. Lo que una empresa afirma sobre su impacto ambiental se verifica, se publica junto a las cuentas y compromete a quienes lo firman. También puede perseguirse como publicidad engañosa si no tiene respaldo. Trabajamos con dirección financiera y con el órgano de administración para que lo declarado coincida con lo que puede probarse, en línea con el servicio de gobierno corporativo.
En qué trabajamos
Autorizaciones ambientales
Las instalaciones industriales de mayor capacidad necesitan autorización ambiental integrada, que reúne en un solo título emisiones, vertidos y residuos y fija valores límite basados en las mejores técnicas disponibles. La comunidad autónoma debe resolver en seis meses y el silencio es negativo. Las demás actividades se someten a autorizaciones sectoriales o a licencia de actividad municipal. Tramitamos solicitudes, modificaciones sustanciales y revisiones, y recurrimos condiciones desproporcionadas.
Arts. 9, 10 y 21 RDLeg 1/2016
Evaluación de impacto ambiental
Los proyectos del anexo I de la Ley 21/2013 pasan evaluación ordinaria, con estudio de impacto, información pública y declaración de impacto ambiental. Los del anexo II, evaluación simplificada, que termina con un informe. La declaración no puede recurrirse de forma autónoma: se impugna junto a la autorización del proyecto. Pierde vigencia si la ejecución no comienza en cuatro años. Un proyecto fraccionado para eludir umbrales arriesga la nulidad de su autorización.
Arts. 7, 41, 43 y 47 Ley 21/2013
Sanciones medioambientales
Las multas ambientales están entre las más altas del ordenamiento administrativo y pueden ir acompañadas de clausura, revocación de la autorización y obligación de reponer el daño, que no prescribe con la sanción. Si los hechos pueden ser delito contra los recursos naturales, el expediente administrativo se suspende y pasa a la jurisdicción penal. Revisamos el acta de inspección, la cadena de custodia de las muestras y la tipificación antes de alegar.
Arts. 325-331 CP
Suelos contaminados
La obligación de descontaminar recae primero en quien causó la contaminación y, de forma subsidiaria y por este orden, en el propietario y en el poseedor del suelo. Quien transmite una finca donde se desarrolló una actividad potencialmente contaminante debe declararlo en la escritura, y la declaración de suelo contaminado se anota en el Registro de la Propiedad. En compraventas negociamos investigación previa del subsuelo y reparto contractual del coste de remediación.
Arts. 98-103 Ley 7/2022; RD 9/2005
Residuos
El productor inicial responde de sus residuos hasta que acredita documentalmente su tratamiento completo: entregarlos a un gestor no basta si este no está autorizado o el traslado carece de contrato y documento de identificación. La Ley 7/2022 regula además la responsabilidad ampliada del productor, que obliga a financiar la gestión de los productos puestos en el mercado, y dos impuestos: sobre envases de plástico no reutilizables y sobre depósito en vertedero e incineración.
Arts. 20, 37-54 y 67-97 Ley 7/2022
Responsabilidad ambiental
La Ley 26/2007 obliga al operador a prevenir, evitar y reparar los daños a aguas, suelo, ribera del mar y especies y hábitats protegidos, sin límite de cuantía. Para las actividades de su anexo III la responsabilidad es objetiva: no hace falta culpa. Ante una amenaza inminente hay que actuar y comunicarlo de inmediato a la autoridad. Algunas actividades deben constituir garantía financiera tras un análisis de riesgos. Es independiente de la responsabilidad civil frente a terceros.
Arts. 3, 4, 9, 17 y 24 Ley 26/2007
Cumplimiento ESG
ESG agrupa los criterios ambientales, sociales y de gobernanza con los que inversores, bancos y grandes clientes evalúan a una empresa. Aunque tu sociedad no esté obligada por ley, puede estarlo por contrato: cuestionarios de proveedores, cláusulas de sostenibilidad en financiaciones o códigos de conducta de la cadena de suministro. Revisamos esos compromisos, diseñamos políticas y controles internos y verificamos que las alegaciones ambientales de productos y publicidad tengan soporte.
Directiva (UE) 2024/825; Reglamento (UE) 2020/852
Informes de sostenibilidad
En España, las sociedades de más de 250 trabajadores que cumplan los requisitos de la Ley 11/2018 deben incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera, verificado por un tercero independiente y aprobado por la junta como punto separado. La directiva europea de información sobre sostenibilidad amplía el contenido y su calendario se ha aplazado y revisado. Determinamos si tu grupo está obligado, en qué ejercicio y con qué alcance de consolidación.
Art. 49 CCom; art. 262 LSC; Directiva (UE) 2022/2464
Cuándo suele llegar el asunto al despacho
Compra de una nave o de una empresa industrial
La auditoría previa debe incluir títulos ambientales, historial de inspecciones y estado del suelo. Lo que no se detecta antes de firmar se hereda.
Acta de inspección con toma de muestras
Conviene pedir contramuestra, dejar constancia de las condiciones de la toma y no hacer manifestaciones improvisadas que después consten en el expediente.
Ampliación de capacidad de la planta
Hay que determinar si es una modificación sustancial de la autorización, porque en ese caso no puede ejecutarse hasta obtener una nueva.
Cuestionario ESG de un cliente o de un banco
Las respuestas tienen valor contractual. Una declaración inexacta puede ser causa de resolución o de vencimiento anticipado.
Campaña con mensajes «verde» o «neutro en carbono»
Las alegaciones ambientales genéricas sin prueba verificable exponen a acciones de competencia desleal y de consumo.
Qué título ambiental necesita tu proyecto
| Instrumento | A qué se aplica | Quién resuelve | Dato clave |
|---|---|---|---|
| Autorización ambiental integrada | Instalaciones industriales del anejo 1 del RDLeg 1/2016 | Comunidad autónoma | 6 meses para resolver; silencio negativo |
| Evaluación de impacto ordinaria | Proyectos del anexo I de la Ley 21/2013 | Órgano ambiental estatal o autonómico, según quién autorice el proyecto | La declaración caduca si no se inicia la ejecución en 4 años |
| Evaluación de impacto simplificada | Proyectos del anexo II y los que afecten a Red Natura 2000 | El mismo órgano ambiental | Termina con informe; puede derivar a evaluación ordinaria |
| Licencia o comunicación de actividad | Actividades no sujetas a los anteriores | Ayuntamiento, conforme a la ley autonómica | El régimen varía en cada comunidad |
Los títulos sectoriales de vertido, aguas, costas o emisiones a la atmósfera se suman a los anteriores cuando no quedan integrados.
Documentación para una revisión ambiental de la instalación
- Autorización ambiental integrada o licencias de actividad, con sus modificaciones
- Declaración o informe de impacto ambiental y programa de vigilancia
- Autorizaciones de vertido y de emisiones, con los últimos controles reglamentarios
- Contratos con gestores de residuos, documentos de identificación de traslados y archivo cronológico
- Informe preliminar de situación del suelo y, si existen, estudios de caracterización
- Actas de inspección, requerimientos y expedientes sancionadores de los últimos cinco años
- Análisis de riesgos medioambientales y póliza o garantía financiera
- Último estado de información no financiera e informe de verificación, si la sociedad está obligada
Preguntas frecuentes sobre derecho ambiental y ESG
¿Quién paga la descontaminación de un suelo que compré ya contaminado?
El primer obligado es quien causó la contaminación. Si no puede identificarse o es insolvente, la Administración puede dirigirse de forma subsidiaria contra el propietario actual y, después, contra el poseedor. Quien paga sin ser el causante puede repetir contra este. Por eso es esencial pactar en la compraventa quién asume el coste y exigir la declaración del vendedor sobre actividades potencialmente contaminantes.
¿Mi empresa está obligada a publicar un informe de sostenibilidad?
Depende del tamaño y del ejercicio. En España siguen sujetas las sociedades y grupos que superan 250 trabajadores y cumplen los demás requisitos de la Ley 11/2018. La directiva europea prevé un régimen más amplio, pero la Unión ha retrasado su aplicación para las empresas que aún no informaban y ha revisado sus umbrales. Hay que comprobar la norma vigente al cierre de cada ejercicio.
¿Pueden responder penalmente los administradores por un vertido?
Sí. El Código Penal castiga a quien, contraviniendo la normativa ambiental, provoque emisiones o vertidos que causen o puedan causar daños sustanciales, y prevé responsabilidad penal de la persona jurídica. Los directivos que conocían el riesgo y no actuaron pueden responder por omisión. Un sistema de control ambiental documentado y realmente aplicado es la base de la defensa de la empresa.
¿Qué es una modificación sustancial de la autorización ambiental?
Es un cambio en la instalación que, a juicio del órgano competente, puede tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente, por ejemplo por aumento de capacidad, de emisiones o de consumo de recursos. Exige tramitar una nueva autorización antes de ejecutarlo. Si el cambio no es sustancial, basta comunicarlo, y puede llevarse a cabo si la Administración no se opone en un mes.
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