Resumen ejecutivo
- Diagnostica con dos documentos. Un balance actualizado dice si hay causa de disolución. Un plan de tesorería a 13 semanas dice si hay insolvencia actual o inminente. Son preguntas distintas con deberes distintos.
- Dos meses para convocar junta. Desde que concurre la causa de disolución, el administrador debe convocarla para disolver o remover la causa (art. 365 LSC). Si no lo hace, responde de las deudas posteriores.
- Dos meses para pedir el concurso. Desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual (art. 5 TRLC). El retraso hace presumir la culpabilidad.
- La comunicación de negociaciones es la herramienta de protección. Presentada en plazo, excluye la responsabilidad del artículo 367 LSC y suspende ejecuciones y solicitudes de concurso necesario.
- No se responde de todo. El artículo 367 solo alcanza obligaciones nacidas después de la causa de disolución. La condena al déficit exige concurso culpable y que la conducta haya generado o agravado la insolvencia.
1. Diagnóstico
El primer error en una crisis es tratar como una sola cosa tres situaciones que la ley separa.
| Situación | Definición legal | Norma | Consecuencia para el administrador |
|---|---|---|---|
| Pérdidas cualificadas | Pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social | Art. 363.1 e LSC | Convocar junta en dos meses |
| Probabilidad de insolvencia | Es previsible que, sin plan de reestructuración, no pueda cumplir las obligaciones que venzan en los próximos dos años | Art. 584.2 TRLC | Ningún deber; permite comunicar negociaciones |
| Insolvencia inminente | Prevé que en los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente | Art. 2.3 TRLC | Ningún deber de concurso; puede solicitarlo o comunicar negociaciones |
| Insolvencia actual | No puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles | Art. 2.3 TRLC | Solicitar el concurso en dos meses |
Pérdidas contables. Tener pérdidas no es causa de disolución. Lo es que reduzcan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, salvo que el capital se aumente o reduzca en la medida suficiente y siempre que no proceda solicitar el concurso. A estos efectos, los préstamos participativos computan como patrimonio neto (art. 20 del Real Decreto-ley 7/1996). Comprueba además si alguna norma temporal excluye del cómputo las pérdidas de ejercicios concretos: se dictaron para 2020 y 2021 y su vigencia actual debe verificarse.
Insolvencia. Es un concepto de liquidez, no de balance. La prueba práctica es el plan de tesorería: cobros y pagos previstos semana a semana. El desbalance no equivale a insolvencia y la insolvencia no exige desbalance.
Señales objetivas. El deudor se presume conocedor de su insolvencia cuando concurre alguno de los hechos que legitiman a un acreedor para pedir el concurso (art. 5.2 TRLC): embargos que afectan de manera general al patrimonio, sobreseimiento generalizado en los pagos corrientes, o impago de obligaciones tributarias, de Seguridad Social o salariales durante tres meses (art. 2.4 TRLC).
2. Deberes legales
La secuencia legal, ordenada en el tiempo:
- Concurre causa de disolución. Los administradores deben convocar la junta en el plazo de dos meses para que acuerde la disolución o lo necesario para remover la causa: aumento o reducción de capital, aportaciones de socios, préstamo participativo (art. 365 LSC). Cualquier socio puede pedirles la convocatoria.
- La junta no se celebra o no adopta el acuerdo. Los administradores deben solicitar la disolución judicial en dos meses desde la fecha prevista para la junta o desde su celebración (art. 366 LSC).
- Hay insolvencia actual. El deber cambia: procede solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocerse (art. 5 TRLC). Las microempresas tienen un deber equivalente respecto de su procedimiento especial (art. 686.2 TRLC).
- Alternativa: comunicar negociaciones. En probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual, el órgano de administración puede comunicar al juzgado competente la existencia de negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración (art. 585 TRLC).
Excepciones normativas. Los administradores no están obligados a convocar junta para disolver cuando han solicitado en debida forma el concurso o han comunicado negociaciones. La convocatoria deberá hacerse en los dos meses siguientes a que la comunicación deje de producir efectos (art. 365.3 LSC).
Cuándo empieza a contar el plazo. La ley habla del «acaecimiento» de la causa. No coincide necesariamente con la formulación de las cuentas, que debe hacerse en los tres meses siguientes al cierre (art. 253 LSC). Si un balance trimestral o las propias circunstancias del negocio mostraban antes la pérdida, el cómputo puede anticiparse. Un administrador prudente no espera a marzo.
Quién está obligado. Todos los miembros del órgano, incluidos los consejeros no ejecutivos. Quien acepta el cargo con la causa ya existente dispone de dos meses desde su aceptación (art. 367.1 LSC). La dimisión no extingue la responsabilidad por lo ya incumplido.
3. Responsabilidad por deudas
Los administradores que incumplen el deber de convocar en dos meses, o de instar la disolución judicial, responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (art. 367.1 LSC).
Lo que conviene tener claro:
- Es una responsabilidad por deuda ajena. El acreedor no tiene que probar daño ni relación causal. Le basta acreditar su crédito, la causa de disolución y la falta de convocatoria.
- Solo deudas posteriores. Lo relevante es cuándo nació la obligación, no cuándo venció ni cuándo se reclamó. Un préstamo firmado antes de la causa no queda cubierto aunque se impague después.
- Presunción a favor del acreedor. Las obligaciones reclamadas judicialmente se presumen posteriores a la causa, salvo prueba en contrario (art. 367.2 LSC). La carga de fechar la deuda recae, en la práctica, en el administrador.
- Administradores entrantes. Quien es nombrado después responde solo de las obligaciones posteriores a su aceptación.
- Puerto seguro. No hay responsabilidad si en los dos meses siguientes al acaecimiento de la causa, o a la aceptación del cargo, se comunicó al juzgado la existencia de negociaciones o se solicitó el concurso. Si el plan no se alcanza, el plazo se reanuda cuando la comunicación deja de producir efectos (art. 367.3 LSC).
Si la sociedad es declarada en concurso, los jueces no admiten nuevas demandas basadas en esta responsabilidad y los procedimientos ya iniciados quedan en suspenso (arts. 136 y 139 TRLC). El acreedor que quiera usar esta vía debe valorar el momento.
4. Reestructuración
Desde la reforma de 2022, el derecho preconcursal gira en torno a dos piezas: la comunicación de apertura de negociaciones y el plan de reestructuración.
Comunicación. Se presenta ante el juzgado competente para el concurso, por medios electrónicos, e identifica entre otros extremos a los acreedores con los que se negocia y los bienes necesarios para la actividad (art. 586 TRLC). Efectos principales:
- No pueden iniciarse ejecuciones sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad durante tres meses, y las que están en curso se suspenden (arts. 600 y 601 TRLC). El juez puede extender la protección a otros bienes.
- No produce por sí sola el vencimiento anticipado de los créditos, y las cláusulas que lo prevean por esa causa son ineficaces (art. 595 TRLC). Tampoco permite resolver contratos por el mero hecho de la comunicación (art. 597 TRLC).
- Los acreedores con garantía de un tercero pueden ejecutarla si el crédito ha vencido (art. 596 TRLC). El aval del administrador no queda protegido.
- Las solicitudes de concurso presentadas por acreedores no se admiten a trámite durante ese plazo (art. 610 TRLC).
Duración. Tres meses desde la comunicación, prorrogables hasta otros tres a solicitud del deudor o de acreedores que representen más del 50 % del pasivo afectado (art. 607 TRLC). Transcurrido el plazo sin plan, el deudor en insolvencia actual debe solicitar el concurso dentro del mes siguiente (art. 611 TRLC).
Plan de reestructuración. Puede modificar el pasivo, el activo o los fondos propios, incluida la venta de unidades productivas (art. 614 TRLC). Los acreedores votan por clases. Una clase aprueba con más de dos tercios del pasivo de la clase, o tres cuartos si es de créditos con garantía real (art. 629 TRLC). La homologación judicial permite extender los efectos a acreedores y clases disidentes, e incluso a los socios cuando la sociedad está en insolvencia actual o inminente (arts. 635, 639 y 640 TRLC).
Límites. Los créditos laborales distintos de los de alta dirección no pueden quedar afectados (art. 616 TRLC). Los créditos públicos no admiten quitas y deben pagarse en plazos cortos (art. 616 bis TRLC). Un plan cuya viabilidad dependa de reducir la deuda con Hacienda o la Seguridad Social no es viable.
Microempresas. Con menos de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, se aplica el procedimiento especial del libro tercero (art. 685 TRLC), con sus propios planes de continuación y de liquidación.
5. Calificación concursal
El concurso se califica como fortuito o culpable (art. 441 TRLC). Es culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia medió dolo o culpa grave de los administradores, de derecho o de hecho, de los directores generales o de quienes lo fueron en los dos años anteriores a la declaración (art. 442 TRLC).
Supuestos en que es culpable en todo caso (art. 443 TRLC): alzamiento de bienes, salida fraudulenta de bienes en los dos años anteriores, simulación de situación patrimonial, inexactitud grave o falsedad en los documentos aportados, e incumplimiento sustancial del deber de contabilidad, doble contabilidad o irregularidad relevante.
Presunciones que admiten prueba en contrario (art. 444 TRLC): no haber solicitado el concurso en plazo, no colaborar con el juez y la administración concursal, y no haber formulado, auditado o depositado las cuentas en alguno de los tres últimos ejercicios.
Efectos para las personas afectadas: inhabilitación de dos a quince años para administrar bienes ajenos, pérdida de derechos en el concurso y, si se abre la liquidación, posible condena a cubrir total o parcialmente el déficit, individualizada según la participación de cada uno (arts. 455 y 456 TRLC).
| Art. 367 LSC | Cobertura del déficit (art. 456 TRLC) | |
|---|---|---|
| Quién reclama | Cada acreedor, fuera del concurso | Administración concursal y, en su caso, acreedores legitimados, en la sección de calificación |
| Presupuesto | Causa de disolución y no convocar junta en dos meses | Concurso culpable y liquidación |
| Culpa | No se exige dolo ni culpa grave | Dolo o culpa grave |
| Alcance | Deudas posteriores a la causa de disolución | Déficit, en la medida en que la conducta generó o agravó la insolvencia |
| Beneficiario | El acreedor demandante | La masa del concurso |
| Durante el concurso | No se admite; lo iniciado se suspende | Es su cauce propio |
Son regímenes distintos y acumulables en el tiempo: uno puede haber operado antes del concurso y el otro después. En los casos graves se suman las insolvencias punibles y el favorecimiento de acreedores (arts. 259 y 260 CP).
Caso práctico
Supuesto hipotético con fines ilustrativos. Sociedad y cifras ficticias.
Hechos. Envases Leira, S.L. tiene 34 trabajadores, factura 4,2 millones de euros y su capital es de 200.000 euros. Las cuentas de 2025, formuladas el 31 de marzo de 2026, muestran un patrimonio neto de 60.000 euros. Los dos administradores solidarios no convocan junta. Entre abril y octubre de 2026 la sociedad recibe suministros nuevos por 85.000 euros que no paga. Además, ha dejado de atender un préstamo bancario de 150.000 euros firmado en 2024 y avalado por uno de los administradores. En noviembre de 2026 el plan de tesorería indica que no podrá pagar las nóminas ni los seguros sociales de diciembre.
Paso 1. Diagnóstico. El patrimonio neto (60.000) es inferior a la mitad del capital (100.000): hay causa de disolución, como muy tarde, desde el 31 de marzo. La tesorería muestra insolvencia inminente, que pasará a ser actual en diciembre.
Paso 2. Plazos vencidos. Los dos meses para convocar junta terminaron el 31 de mayo de 2026. No se usó el puerto seguro del artículo 367.3 LSC.
Paso 3. Exposición personal. Los 85.000 euros de suministros son obligaciones posteriores a la causa: ambos administradores responden solidariamente. El préstamo de 2024 nació antes: no entra en el artículo 367, aunque el avalista responde por el aval.
Paso 4. Cortar la exposición. Se suspenden los pedidos a crédito que no sean imprescindibles y se informa por escrito a los proveedores esenciales. Cada obligación nueva aumenta la responsabilidad personal.
Paso 5. Elegir vía. Si los socios aportan 60.000 euros mediante préstamo participativo, el patrimonio neto computable sube a 120.000 y la causa de disolución desaparece, pero el problema de liquidez sigue. La sociedad no es microempresa. Se decide comunicar la apertura de negociaciones antes de que la insolvencia sea actual, con un plan que propone esperas a la banca y a los proveedores.
Paso 6. Si no hay plan. Vencido el plazo, y la prórroga si se obtiene, el concurso debe solicitarse en el mes siguiente. Hacerlo en plazo evita la presunción de culpabilidad por retraso.
Paso 7. Defensa futura. Se conserva el expediente: balances, previsiones, actas y comunicaciones con acreedores.
Qué revisar antes de actuar
- Balance a fecha reciente y patrimonio neto computable, incluidos préstamos participativos.
- Plan de tesorería a 13 semanas con cobros y pagos realistas.
- Fecha en que la causa de disolución pudo conocerse y cómputo de los dos meses.
- Listado de deudas con su fecha de nacimiento, separando anteriores y posteriores.
- Situación con Hacienda y Seguridad Social: deuda, aplazamientos y embargos.
- Avales y garantías personales de administradores y socios.
- Operaciones de los dos últimos años con socios, administradores y vinculadas.
- Estado de la contabilidad y del depósito de cuentas de los tres últimos ejercicios.
El análisis lo coordina el área de concursal y reestructuraciones. Para la empresa que quiere anticiparse existe el servicio de reestructuración e insolvencia empresarial, y para revisar el funcionamiento del órgano de administración, el de gobierno corporativo.
Normativa citada
- Real Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital: arts. 253, 363, 365, 366 y 367.
- Real Decreto Legislativo 1/2020, texto refundido de la Ley Concursal: arts. 2, 5, 136, 139, 441 a 444, 455, 456, 584 a 586, 595 a 597, 600, 601, 607, 610, 611, 614, 616, 616 bis, 629, 635, 639, 640, 685 y 686.
- Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.
- Real Decreto-ley 7/1996, de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica: art. 20.
- Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal: arts. 259 y 260.